CONCLUSIÓN


Con base a la realización de los análisis del expresidente Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador quien ahora está al frente del sexenio 2018-2024, así como del contexto que estamos viviendo desde este suceso, Ayotzinapa marca un parteaguas en la administración de Peña Nieto. Hay un antes y un después en su gobierno a raíz de la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas rurales. Desde entonces, comienza el deterioro de la imagen presidencial. El nombre del mandatario pasará a la historia asociado con la noche de Iguala.
¿Cómo explicar que hay familias que nunca sabrán que sucedió con sus seres queridos? ¿Cómo explicar que el crimen organizado tiene el control sobre poblaciones enteras? ¿Cómo explicar que las reglas son impuestas por cobardes asesinos?
En este caso se sintetizan muchas de las violaciones a los derechos humanos existentes en el país desde hace décadas: desaparición forzada, tortura, impunidad. Lo que sucedió en Iguala el 26 de septiembre de 2014 no es algo que sólo ocurra en Guerrero. Acontece a lo largo y ancho del territorio nacional.
Con tristeza estamos presenciando como se escribe frente a nosotros un nuevo capítulo de México, en el que la impunidad y la corrupción son los principales actores. Un capítulo de aquellos que no quisiéramos contar, que nos avergüenza, que quisiéramos nunca hubiera existido, pero sobretodo un capítulo en el que no encontramos una explicación.
Sin duda el discurso que ha logrado revivir un poco más la esperanza es el pronunciado por Andrés Manuel en su firma del decreto de acceso a la verdad, donde los padres expusieron que Enrique Peña Nieto no había logrado resolver el caso, pero con la firma de este decreto y las nuevas propuestas del gobierno que ha entrado recientemente confían nuevamente en que tendrán a sus hijos de vuelta.

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