CONCLUSIÓN
Con base a la realización de los análisis del
expresidente Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador quien ahora
está al frente del sexenio 2018-2024, así como del contexto que estamos
viviendo desde este suceso, Ayotzinapa marca un
parteaguas en la administración de Peña Nieto. Hay un antes y un después en su
gobierno a raíz de la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas
rurales. Desde entonces, comienza el deterioro de la imagen presidencial. El
nombre del mandatario pasará a la historia asociado con la noche de Iguala.
¿Cómo explicar que hay familias que nunca
sabrán que sucedió con sus seres queridos? ¿Cómo explicar que el crimen
organizado tiene el control sobre poblaciones enteras? ¿Cómo explicar que las
reglas son impuestas por cobardes asesinos?
En este caso se sintetizan
muchas de las violaciones a los derechos humanos existentes en el país desde
hace décadas: desaparición forzada, tortura, impunidad. Lo que sucedió en
Iguala el 26 de septiembre de 2014 no es algo que sólo ocurra en Guerrero.
Acontece a lo largo y ancho del territorio nacional.
Con tristeza estamos presenciando como se
escribe frente a nosotros un nuevo capítulo de México, en el que la impunidad y
la corrupción son los principales actores. Un capítulo de aquellos que no
quisiéramos contar, que nos avergüenza, que quisiéramos nunca hubiera existido,
pero sobretodo un capítulo en el que no encontramos una explicación.
Sin duda el discurso que ha logrado revivir
un poco más la esperanza es el pronunciado por Andrés Manuel en su firma del
decreto de acceso a la verdad, donde los padres expusieron que Enrique Peña
Nieto no había logrado resolver el caso, pero con la firma de este decreto y
las nuevas propuestas del gobierno que ha entrado recientemente confían nuevamente
en que tendrán a sus hijos de vuelta.
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